La Ciudad de México intensificó su combate al despojo urbano con resultados concretos: en menos de dos meses, entre el 5 de agosto y el 29 de septiembre de 2025, las autoridades capitalinas lograron recuperar 216 inmuebles que habían sido despojados a sus legítimos propietarios u ocupantes, al tiempo que judicializaron 236 casos adicionales como parte de la misma estrategia.
Judicialización y recuperación de propiedades
El volumen de casos atendidos en tan corto periodo refleja la magnitud del problema que enfrenta el mercado inmobiliario de la capital. El despojo de propiedades —práctica que va desde la ocupación ilegal de inmuebles hasta maniobras fraudulentas para transferir escrituras— representa uno de los principales riesgos para la seguridad jurídica de los propietarios en zonas de alta densidad urbana, y su combate efectivo tiene implicaciones directas sobre la confianza en las transacciones de compraventa y arrendamiento.
La estrategia implementada combina acciones de recuperación física de los inmuebles con la canalización de expedientes al sistema de justicia, lo que distingue esta iniciativa de intervenciones anteriores centradas exclusivamente en el desalojo administrativo. La judicialización de 236 casos busca que las conductas delictivas asociadas al despojo generen consecuencias penales, elemento considerado clave para inhibir la reincidencia en colonias donde estas redes operan de forma organizada.
Para los profesionales del sector —desarrolladores, agentes inmobiliarios, notarios y compradores finales—, el avance reportado subraya la importancia de realizar una debida diligencia rigurosa antes de cualquier operación que involucre inmuebles en la CDMX, verificando la trayectoria registral y el estado de posesión real del bien. La consolidación de este tipo de programas institucionales también contribuye a reducir los descuentos de riesgo que algunos inversionistas aplican a activos ubicados en zonas históricamente vulnerables al despojo.
