La nueva ley catastral en México, específicamente la propuesta que avanza en Aguascalientes, fue catalogada por representantes del sector inmobiliario local como un instrumento orientado principalmente a incrementar la recaudación, más que a modernizar o simplificar los mecanismos de valuación de la propiedad. La crítica surge en un contexto en el que las elecciones de 2027 marcan el calendario político, y varios actores del mercado sugieren que la reforma responde a presiones fiscales de corto plazo antes que a una agenda técnica de largo aliento.
Los inmobiliarios cuestionaron tanto los objetivos reales de la iniciativa como su impacto sobre los propietarios, quienes podrían enfrentar ajustes en los valores catastrales que se traducirían directamente en una mayor carga tributaria. Desde el gremio se advierte que una actualización catastral, cuando no va acompañada de criterios técnicos transparentes ni de mecanismos de impugnación accesibles, termina operando como un alza encubierta de impuestos prediales sin el debate público que una medida de esa magnitud requeriría.
Recaudación versus modernización catastral
El debate pone sobre la mesa una tensión recurrente en el sector: la necesidad real de actualizar los catastros municipales —muchos de ellos con rezagos históricos significativos respecto al valor de mercado— frente al riesgo de que dicha actualización se instrumente sin gradualidad ni acompañamiento para los propietarios. Para desarrolladores y agentes inmobiliarios, el valor catastral incide en el cálculo de diversas operaciones, desde el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles hasta ciertos actos notariales, por lo que cualquier modificación en la metodología de valuación tiene efectos concretos sobre el costo de las transacciones.
El posicionamiento del sector inmobiliario de Aguascalientes anticipa lo que podría convertirse en un frente de resistencia más amplio si otras entidades avanzan en reformas similares con miras al ciclo electoral. La discusión sobre la ley catastral ilustra la dificultad de separar la política fiscal de la política inmobiliaria cuando ambas convergen en el valor del suelo, un activo cuya correcta medición debería ser el punto de partida de cualquier reforma, no su consecuencia.
