Fraudes inmobiliarios en Nuevo León: PAN reforma Código Civil y Hacienda Municipal

El PAN en Nuevo León impulsa reformas al Código Civil y a la Ley de Hacienda Municipal para blindar a compradores de vivienda frente a fraudes inmobiliarios.

El diputado del PAN Carlos de la Fuente informó que el Congreso de Nuevo León aprobó modificaciones tanto al Código Civil como a la Ley de Hacienda Municipal del estado, con el propósito de reforzar las garantías para los compradores de inmuebles y elevar las sanciones aplicables a quienes cometan fraudes inmobiliarios o abandonen predios sin atender sus obligaciones legales.

De acuerdo con la información difundida, los cambios al Código Civil apuntan directamente a fortalecer la posición jurídica del comprador en transacciones de bienes raíces, un sector donde las disputas por incumplimientos contractuales, promesas de venta no cumplidas y desarrollos inconclusos han generado conflictos recurrentes entre particulares y con desarrolladores. La reforma a la Ley de Hacienda Municipal, por su parte, introduce un componente fiscal orientado al abandono de predios, problemática que afecta tanto al tejido urbano de los municipios como a los registros catastrales del estado.

Sanciones más estrictas para proteger al comprador

Las modificaciones legislativas buscan articular una respuesta en dos frentes: el civil, para dotar de mejores herramientas de defensa a quienes adquieren un inmueble y enfrentan irregularidades, y el hacendario municipal, para penalizar el abandono de predios que deteriora el entorno urbano y representa una carga para las administraciones locales. La combinación de ambas reformas sugiere un enfoque integral que va más allá de la sanción penal tradicional.

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Para el sector inmobiliario de Nuevo León, que concentra una de las actividades de desarrollo residencial y comercial más dinámicas del país, estas modificaciones implican revisar los procesos de due diligence, los contratos de promesa y compraventa, así como el estado jurídico y fiscal de los predios en cartera. Notarios, desarrolladores y agentes deberán atender de cerca el alcance específico de las nuevas disposiciones para adaptar sus prácticas y evitar contingencias legales derivadas del nuevo marco normativo.

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