El Congreso de Nuevo León aprobó una serie de reformas penales contra los fraudes inmobiliarios que endurecen las sanciones para quienes incumplan contratos de compraventa de vivienda. La iniciativa fue impulsada por el Partido Acción Nacional a través del legislador Carlos de la Fuente, y apunta directamente a proteger a los compradores que han sufrido abusos por parte de desarrolladores o vendedores que no cumplen con las condiciones pactadas.
Entre los cambios más relevantes del paquete legislativo figura una disposición que otorga a las víctimas de fraude inmobiliario el derecho a reclamar la devolución de los recursos que hayan pagado ante un incumplimiento. Esta medida busca corregir una de las principales vulnerabilidades que enfrentan los adquirentes de vivienda: la dificultad para recuperar su dinero cuando el vendedor no entrega el inmueble en los términos acordados o simplemente desaparece con los anticipos recibidos.
Baldíos abandonados, también en la mira
El paquete de reformas aborda además la problemática de los baldíos abandonados, que representan un problema urbano recurrente en la entidad. Al incorporar consecuencias penales relacionadas con este tipo de inmuebles, la legislatura amplía el alcance de las nuevas disposiciones más allá de la compraventa de vivienda y toca aspectos de gestión del suelo urbano que suelen quedar fuera del radar legislativo.
Para el sector inmobiliario de Nuevo León, la reforma supone un cambio en el entorno regulatorio que obliga a desarrolladores, intermediarios y propietarios a revisar sus prácticas contractuales. Operar con contratos claros, respetar plazos de entrega y mantener los inmuebles en condiciones adecuadas deja de ser solo una obligación civil para adquirir, con estas modificaciones, una dimensión penal más explícita.
