La Ciudad de México avanza en la formalización del mercado de arrendamiento con la propuesta de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, una iniciativa que busca atacar la informalidad estructural del sector mediante el registro obligatorio de contratos de arrendamiento y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión fiscal sobre los ingresos generados por propiedades en renta.
El eje central de la propuesta es la creación de un padrón de contratos que permita a las autoridades capitalinas tener visibilidad real sobre la actividad arrendataria, un mercado que históricamente ha operado en gran medida fuera del radar tributario. La obligatoriedad del registro implicaría que tanto arrendadores como arrendatarios queden vinculados a un marco jurídico más estricto, con consecuencias directas para quienes actualmente no declaran estos ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria.
Fiscalización y formalidad: el reto para propietarios
Desde la perspectiva del sector inmobiliario, la iniciativa representa un cambio de fondo en las obligaciones de los propietarios que rentaban bajo esquemas informales o semiformales. La mayor vigilancia fiscal sobre ingresos inmobiliarios podría derivar en auditorías cruzadas entre el padrón de rentas y las declaraciones de personas físicas y morales, lo que elevaría el costo de cumplimiento para quienes administran portafolios de arrendamiento en la capital.
El debate alrededor de esta ley refleja una tendencia más amplia en mercados urbanos con alta presión sobre el mercado de vivienda en renta: la búsqueda de un equilibrio entre proteger al inquilino, garantizar certeza jurídica al arrendador y recaudar de forma más eficiente. La discusión legislativa en la CDMX deberá definir aún los mecanismos de implementación y los plazos de entrada en vigor, aspectos que serán determinantes para evaluar su impacto real sobre la oferta disponible y los precios de renta en la ciudad.
