Airbnb anunció su respaldo al modelo YIGBY —acrónimo del inglés Yes In God’s Backyard— en alianza con la Coalición de Vivienda de Florida, una iniciativa que busca ampliar la oferta de vivienda asequible mediante el aprovechamiento de terrenos propiedad de instituciones religiosas y organizaciones comunitarias ubicados en zonas ya urbanizadas. La propuesta cobra relevancia en un contexto donde la escasez de suelo disponible y los altos costos de desarrollo encarecen cualquier proyecto habitacional de acceso medio o bajo.
El modelo YIGBY parte de una premisa práctica: las iglesias, templos y centros comunitarios suelen contar con predios infrautilizados en colonias consolidadas, con acceso a infraestructura, transporte y servicios. En lugar de desarrollar esos terrenos con usos comerciales o dejarlos ociosos, el esquema incentiva a esas instituciones a asociarse con desarrolladores o plataformas para construir unidades habitacionales de renta asequible. Airbnb, por su parte, integra el componente de renta de corto plazo como mecanismo de financiamiento complementario para los propietarios, generando ingresos que pueden sostener los costos operativos del proyecto.
El modelo YIGBY y su potencial en Mexico
En México, una estrategia equivalente encontraría sustento en figuras jurídicas ya existentes. La Ley de Desarrollo Urbano en distintas entidades contempla mecanismos de uso mixto del suelo y cesiones para proyectos de interés social, mientras que organismos como el Infonavit o el Fovissste han explorado esquemas de coinversión con actores privados para vivienda en renta. Las instituciones religiosas, por su parte, tienen reconocida personalidad jurídica para administrar bienes inmuebles desde las reformas constitucionales de 1992, lo que eliminaría una barrera legal fundamental para replicar el modelo.
Para los profesionales del sector inmobiliario mexicano, la experiencia de Florida plantea una oportunidad concreta de prospección: identificar predios subutilizados de congregaciones o asociaciones civiles en zonas urbanas consolidadas de ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, donde el costo del suelo hace inviable el desarrollo tradicional de vivienda asequible. Articular ese inventario con esquemas de financiamiento mixto —público, privado y comunitario— y con marcos normativos locales de densificación sería el paso siguiente para trasladar este modelo al contexto nacional.
