El Banco de México anunció un reforzamiento de los mecanismos de rastreo sobre el flujo de remesas con el objetivo de prevenir el lavado de dinero, una medida que adquiere especial relevancia para el sector inmobiliario dado que una proporción significativa de esos recursos se canaliza hacia la adquisición o construcción de vivienda en comunidades con alta presencia migrante.
La iniciativa del banco central implica controles más estrictos sobre el origen, tránsito y destino de las transferencias provenientes del exterior, lo que obliga a los intermediarios financieros a documentar con mayor precisión cada operación. En entidades como Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Oaxaca —estados históricamente receptores de remesas— una parte relevante de esos ingresos termina materializada en transacciones inmobiliarias, muchas de ellas realizadas al margen del sistema formal de crédito.
Implicaciones para notarios y asesores inmobiliarios
El impacto directo de esta medida recae sobre notarios públicos y asesores inmobiliarios que operan en zonas de alta migración, quienes ya están sujetos a obligaciones de identificación de clientes y reporte de operaciones vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Un seguimiento más riguroso por parte del BdeM sobre el flujo de remesas podría intensificar la revisión de escrituras y compraventas en esas regiones, elevando la exigencia de documentación que acredite la procedencia lícita de los fondos utilizados en cada operación.
Para los profesionales del sector, el escenario refuerza la necesidad de actualizar sus protocolos de debida diligencia y mantener expedientes completos en operaciones financiadas con recursos de origen internacional. Ignorar o subestimar esos controles expone a notarios y agentes a sanciones administrativas y, en casos extremos, a responsabilidad penal, por lo que la adecuación a los nuevos estándares del banco central se convierte en una prioridad operativa inmediata.
