La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) pidió al Poder Legislativo evaluar con cuidado el impacto que tendría una actualización de valores catastrales sobre el impuesto predial que pagan los propietarios de vivienda en el país. El llamado se inscribe en el debate que se desarrolla actualmente en torno a la reforma catastral en México, una discusión que toca directamente el patrimonio de millones de familias y la estabilidad del mercado inmobiliario.
El planteamiento central de AMPI gira en torno a dos exigencias concretas: que cualquier modificación a los mecanismos de valuación catastral venga acompañada de un análisis previo sobre su efecto en la carga fiscal de los propietarios, y que se garantice certeza jurídica a quienes poseen un inmueble. Para la asociación, modernizar el catastro no puede traducirse en aumentos abruptos al predial que pongan en riesgo la capacidad de las familias de conservar su patrimonio.
Certeza jurídica, eje del debate catastral
La preocupación no es menor en un contexto en que los valores de mercado de los inmuebles han registrado ajustes significativos en diversas regiones del país. Si los catastros municipales actualizan sus registros para acercarlos al valor comercial real de las propiedades, la base gravable del impuesto predial aumenta de forma automática, lo que puede representar una presión financiera considerable para propietarios de ingresos medios y bajos que no tienen intención de vender su vivienda.
El sector inmobiliario observa este proceso legislativo con atención porque sus efectos se extienden más allá del propietario individual: una mayor carga fiscal sobre los inmuebles puede influir en las decisiones de inversión, en la dinámica del arrendamiento y en la valoración de carteras de activos. AMPI no se opone a la modernización catastral, sino que insiste en que el proceso debe diseñarse con mecanismos de gradualidad y protección al patrimonio familiar como condiciones no negociables.
