La Federación Internacional de Profesionales Inmobiliarios (FIABCI) advirtió que el porcentaje de propietarios de vivienda en la Ciudad de México cayó de 70% a 55% en un lapso de cinco años, una contracción que el organismo atribuye, en parte, a la incertidumbre regulatoria que rodea al mercado de arrendamiento en la capital. La tendencia pone en evidencia un desplazamiento estructural en el acceso a la vivienda, donde cada vez más habitantes de la ciudad transitan de la propiedad al alquiler sin que la oferta de renta crezca al mismo ritmo.
Ley de Relaciones Inquilinas, señal de alarma para la oferta
El detonante más reciente de esa incertidumbre es la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinas, cuyo avance legislativo ha generado cautela entre propietarios e inversionistas que consideran colocar inmuebles en el mercado de arrendamiento. Desde la perspectiva de FIABCI, una regulación que no equilibre adecuadamente los derechos de inquilinos y propietarios puede derivar en una contracción de la oferta disponible, precisamente cuando la demanda de renta en la ciudad se encuentra al alza.
El escenario resulta paradójico: la caída en el porcentaje de propietarios debería traducirse en mayor demanda de unidades en renta, pero la incertidumbre sobre las condiciones legales futuras desincentiva a quienes podrían ampliar esa oferta. Propietarios con uno o dos inmuebles disponibles —segmento que históricamente ha sostenido buena parte del arrendamiento informal y formal en la capital— son los más proclives a retirar sus unidades del mercado ante un marco regulatorio que perciben como desfavorable o impredecible.
Para el sector inmobiliario, la señal que lanza FIABCI es clara: sin certeza jurídica para el arrendador, el inventario de vivienda en renta difícilmente podrá absorber la demanda creciente que genera la propia caída en la tasa de propietarios. El organismo no se opone a la regulación del arrendamiento, sino a un diseño normativo que, en su lectura, podría agravar el déficit habitacional en lugar de resolverlo. El debate legislativo en torno a esta iniciativa seguirá siendo un factor de observación obligada para desarrolladores, intermediarios y propietarios individuales que operan en el mercado capitalino.
