El Fondo Monetario Internacional presentó una propuesta de reforma tributaria global orientada a corregir los desequilibrios fiscales que enfrentan múltiples economías tras el periodo pandémico, en un contexto donde las tasas de interés reales se mantienen por encima de los niveles registrados antes de 2020. El planteamiento busca que los gobiernos refuercen sus marcos de recaudación para hacer frente al elevado endeudamiento público sin comprometer el crecimiento económico, lo que abre un debate relevante para México en vísperas de ajustes presupuestales.
El organismo multilateral señala que la combinación de deuda pública elevada y costos de financiamiento más altos reduce el margen de maniobra de los Estados para sostener el gasto en infraestructura y servicios, dos variables que inciden directamente en la actividad inmobiliaria y en la inversión en desarrollo urbano. En ese sentido, el FMI sugiere revisar la eficiencia de los sistemas fiscales nacionales, ampliar bases gravables y reducir exenciones que en muchos casos benefician desproporcionadamente a sectores con mayor capacidad contributiva.
Implicaciones para el mercado inmobiliario mexicano
Para México, cuyo sistema tributario descansa de manera significativa en el petróleo y en un reducido universo de contribuyentes formales, la propuesta cobra especial relevancia. Una eventual reforma que amplíe la base fiscal podría impactar figuras como el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, los esquemas de plusvalía o los fideicomisos de inversión en bienes raíces (FIBRAs), instrumentos que han sido clave para la atracción de capital institucional al sector. Los desarrolladores y fondos inmobiliarios deberán monitorear de cerca cualquier modificación al tratamiento fiscal de estos vehículos.
El diagnóstico del FMI llega en un momento en que la política fiscal en México enfrenta presiones por el servicio de la deuda y una menor disponibilidad de recursos federales para programas de vivienda e infraestructura. Si bien la propuesta del organismo opera en el plano de las recomendaciones y no constituye una obligación vinculante, históricamente sus lineamientos han influido en la agenda de reformas de los países miembros, por lo que el sector inmobiliario nacional tiene razones concretas para seguir la evolución de este debate.
