La propuesta de Ley de Rentas Justas en la Ciudad de México pone sobre la mesa una modificación relevante para el mercado de arrendamiento: limitar el cobro de pólizas jurídicas y otros gastos que hoy se trasladan a los arrendatarios como condición para acceder a un inmueble. La medida afectaría directamente la manera en que las inmobiliarias estructuran sus servicios y recuperan costos operativos en la capital del país.
Para las empresas que intermedian operaciones de renta residencial, las pólizas jurídicas representan una fuente de ingreso o de cobertura ante el riesgo de impago y litigios de desalojo. Si la iniciativa prospera tal como está planteada, las inmobiliarias tendrían que revisar sus modelos de negocio: o absorben ese costo, o lo redistribuyen hacia el arrendador, o rediseñan la oferta de servicios. Ninguna de esas opciones es neutral para la rentabilidad del segmento.
Estructura de costos en revisión
Más allá de las pólizas, el alcance de la propuesta incluye otros gastos asociados al proceso de contratación que actualmente recaen en el inquilino. Ese conjunto de cobros forma parte de la operación habitual de las agencias inmobiliarias en la CDMX, por lo que cualquier restricción legal obligaría a una reconfiguración de los contratos, los esquemas de comisión y los servicios que se ofrecen como parte del proceso de arrendamiento.
El debate legislativo aún está en curso, pero el sector ya tiene motivos para anticipar escenarios. Las inmobiliarias con mayor exposición al mercado de renta en la Ciudad de México deberán evaluar qué elementos de su estructura de costos son sostenibles bajo un nuevo marco regulatorio y cuáles requerirán ajustes antes de que una eventual ley entre en vigor.
