Ley catastral en México: certeza jurídica o predial más caro

La modernización catastral busca corregir el rezago histórico en registros de propiedad, pero expertos advierten que la actualización de valores podría encarecer el predial para propietarios.

La modernización catastral en México vuelve a generar debate entre propietarios, autoridades municipales y especialistas del sector inmobiliario. Una columna del analista Marco Cancino, publicada en Grupo Animal, pone sobre la mesa una pregunta que muchos dueños de inmuebles ya se formulan: ¿la reforma que busca actualizar el registro de propiedades representa mayor certeza jurídica o, en la práctica, derivará en un impuesto predial más elevado para millones de mexicanos?

Para ilustrar los riesgos de un sistema catastral con rezago histórico, Cancino recurre al caso de una maestra jubilada en Tijuana que recibió un cobro de agua por 51,879 pesos que no le correspondía, producto de errores o inconsistencias en el registro de su inmueble. El ejemplo no es menor: evidencia cómo la desactualización de los padrones municipales puede traducirse en cobros indebidos que afectan directamente al patrimonio de personas físicas, en particular de quienes dependen de ingresos fijos.

Necesidad técnica, presión fiscal

El argumento técnico a favor de la reforma es sólido. México acumula décadas de subregistro y valuaciones catastrales que no reflejan el valor de mercado de los inmuebles, lo que distorsiona la recaudación municipal y dificulta la planeación urbana. Sin embargo, la columna advierte que la iniciativa fue impulsada también por la necesidad del gobierno federal de allegarse mayores recursos, lo que abre la puerta a que la actualización catastral se convierta principalmente en un mecanismo recaudatorio y no en un ejercicio de ordenamiento del territorio.

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Para el sector inmobiliario, la disyuntiva es concreta: un catastro moderno y confiable reduce litigios, agiliza operaciones notariales y da mayor seguridad a compradores e inversionistas. Pero si la actualización de valores catastrales no va acompañada de reglas claras, mecanismos de impugnación accesibles y plazos graduales de aplicación, el resultado más inmediato para los propietarios podría ser un incremento en el predial sin que los servicios públicos asociados mejoren en proporción.

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