La iniciativa de Ley de Rentas de la Ciudad de México enfrenta críticas puntuales por parte de administradores inmobiliarios y de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), quienes advierten que varios de sus artículos requieren ajustes antes de que la norma pueda operar sin distorsionar el mercado de arrendamiento en la capital. Las observaciones se concentran en cuatro áreas: las reglas para incrementar las rentas, el esquema de multas, las obligaciones de mantenimiento y la forma en que los contratos quedarían vinculados entre sí.
Uno de los puntos de mayor tensión es el régimen sancionatorio. Los administradores argumentan que las multas previstas en la iniciativa no guardan proporción con las infracciones ni contemplan supuestos en los que el incumplimiento obedece a causas ajenas al arrendador, lo que introduciría un nivel de riesgo financiero que muchos propietarios no estarían dispuestos a asumir. En paralelo, señalan que las disposiciones sobre garantías necesitan mayor claridad, pues en su redacción actual generan incertidumbre tanto para quien arrienda como para quien renta.
El riesgo: menos vivienda disponible en renta
El argumento central de los organismos del sector es que una regulación desequilibrada tendría un efecto contrario al buscado: en lugar de proteger a los inquilinos, podría desincentivar a los propietarios y reducir la oferta de vivienda en arrendamiento en la Ciudad de México. Esta preocupación no es menor en un mercado donde la presión sobre los precios de renta ya es significativa y donde la disponibilidad de inmuebles formalmente arrendados resulta clave para atender la demanda habitacional.
Los administradores e integrantes de AMPI han solicitado que el proceso legislativo contemple mesas de trabajo con los actores del sector para afinar los textos antes de su aprobación definitiva. Para el mercado inmobiliario capitalino, el desenlace de este debate normativo es relevante: una ley que equilibre derechos y obligaciones de ambas partes puede dotar al arrendamiento de mayor certeza jurídica; una que cargue el peso hacia un solo lado corre el riesgo de contraer la oferta justo cuando la ciudad necesita ampliarla.
