Las rentas en algunas zonas de la Ciudad de México han registrado incrementos de hasta 60%, según reconoció la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), en medio del debate legislativo en torno a la Ley de Rentas Justas. El organismo gremial confirmó el encarecimiento del arrendamiento en ciertos mercados de la capital, aunque advirtió que las causas son diversas y que una regulación de carácter generalizado podría tener efectos no deseados sobre la oferta disponible.
La postura de AMPI apunta a uno de los riesgos más citados en la literatura de economía urbana cuando se discuten controles de renta: la posible salida de inmuebles del mercado formal. Si los propietarios perciben que las condiciones regulatorias limitan su rendimiento, pueden optar por dejar las unidades vacías, destinarlas a otros usos o incorporarlas al mercado de arrendamiento de corta estancia, lo que reduciría la oferta de vivienda en renta a largo plazo y presionaría aún más los precios en las zonas no reguladas.
Regulación de rentas: beneficios y riesgos en tensión
El debate sobre la Ley de Rentas Justas enfrenta dos posiciones difíciles de conciliar: la de los arrendatarios, que reclaman estabilidad ante alzas que superan con creces la inflación, y la de los propietarios e intermediarios, que consideran que las restricciones al precio desincentivan la inversión en mantenimiento y en la construcción de nueva oferta. AMPI se alinea con esta segunda posición y aboga por soluciones que no impliquen topes generalizados, aunque el gremio no descarta la necesidad de algún tipo de marco regulatorio para los casos de aumentos más extremos.
El contexto legislativo en la capital hace que este tema sea prioritario para desarrolladores, inversionistas y agentes del sector. Cualquier modificación al esquema de arrendamiento en la Ciudad de México incidirá directamente en la valuación de portafolios de renta, en la rentabilidad de los proyectos multifamiliares y en las condiciones de los contratos vigentes. Los actores del mercado deberán seguir de cerca el avance de esta iniciativa en la Asamblea Legislativa para anticipar ajustes en sus estrategias de inversión y gestión de activos.
