Airbnb anunció una alianza con la Coalición de Vivienda de Florida para impulsar el modelo YIGBY —acrónimo de Yes In God’s Back Yard— como respuesta al déficit de vivienda asequible que enfrenta ese estado. La iniciativa propone aprovechar terrenos propiedad de instituciones religiosas para desarrollar y preservar unidades habitacionales a precios accesibles, una estrategia que gana relevancia en un mercado donde el costo de la renta ha escalado de forma sostenida en los últimos años.
El esquema YIGBY parte de una premisa práctica: las iglesias, templos y otras organizaciones de fe disponen en muchos casos de predios subutilizados o infrautilizados en zonas urbanas consolidadas, con acceso a servicios e infraestructura. Al asociarse con desarrolladores o gobiernos locales, estas instituciones pueden ceder o arrendar sus terrenos para proyectos habitacionales sin perder la titularidad del suelo, lo que reduce significativamente el costo de adquisición de tierra —uno de los principales obstáculos para la vivienda asequible en mercados con alta demanda.
El modelo YIGBY y su potencial en Mexico
En México, la arquitectura jurídica que podría sustentar un esquema similar existe, aunque dispersa. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público permite a las asociaciones religiosas poseer bienes inmuebles destinados a sus fines, y en principio no impide que establezcan convenios con terceros para el uso de esos predios. Adicionalmente, instrumentos como el fideicomiso de administración o el comodato ofrecen vías contractuales para que una institución religiosa ceda el uso de un terreno sin transferir la propiedad, un mecanismo que algunos desarrolladores de vivienda social ya han explorado de manera puntual en ciudades como Guadalajara y la Ciudad de México.
Para los profesionales del sector inmobiliario en México, la experiencia de Florida plantea una oportunidad concreta de diversificación de fuentes de suelo en un contexto donde el precio del metro cuadrado en zonas urbanas encarece cualquier proyecto de vivienda de interés social. Las desarrolladoras, las Sofomes especializadas en vivienda asequible y los organismos como el Infonavit o la Conavi podrían explorar alianzas formales con diócesis, congregaciones y asociaciones civiles religiosas para identificar predios disponibles, replicando la lógica de colaboración público-privada-comunitaria que sustenta el modelo YIGBY. El reto inmediato sería establecer marcos contractuales claros que garanticen la seguridad jurídica tanto de los inversionistas como de las instituciones propietarias del suelo.
