ONU-Hábitat advirtió que la especulación inmobiliaria en México representa una amenaza creciente para el acceso a la vivienda digna, al distorsionar los precios del suelo y del parque habitacional en detrimento de los sectores con menor capacidad adquisitiva. El organismo de las Naciones Unidas señaló que este fenómeno agrava una crisis de vivienda que ya se expresa en déficit habitacional, hacinamiento y segregación urbana en diversas regiones del país.
Según el planteamiento del organismo, la dinámica especulativa opera cuando los inmuebles dejan de ser valorados por su función social —proveer un techo— para convertirse principalmente en activos financieros orientados a la rentabilidad. Este desplazamiento de la lógica residencial a la lógica de inversión eleva los precios por encima de lo que los ingresos de la mayoría de la población pueden sostener, profundizando la desigualdad en el acceso a la vivienda y ampliando la brecha entre el mercado formal y las soluciones informales o precarias.
Desigualdad urbana y el reto estructural
ONU-Hábitat subrayó que el problema no es exclusivo de las grandes metrópolis, aunque en ellas sea más visible. La concentración de inversión en zonas con alta plusvalía desplaza a comunidades enteras hacia periferias con menor acceso a infraestructura, servicios y empleo, lo que deteriora la calidad de vida y eleva los costos de movilidad para los hogares afectados. El organismo planteó que atender esta situación requiere políticas de suelo que consideren la función social de la propiedad, instrumentos de captura de plusvalías y una oferta habitacional orientada a los segmentos de demanda que el mercado no atiende espontáneamente.
Para los desarrolladores, inversionistas y agentes del sector en México, la alerta de ONU-Hábitat llega en un contexto en que la presión regulatoria sobre el mercado inmobiliario —tanto en materia de uso de suelo como de arrendamiento— tiende a intensificarse cuando la percepción pública vincula la actividad privada con el encarecimiento de la vivienda. Seguir de cerca la evolución de la política habitacional y los debates legislativos en materia de suelo urbano resulta, en ese sentido, una tarea de gestión de riesgo tan relevante como el análisis financiero de los proyectos.