El Estado de México impulsa una iniciativa legislativa orientada a modernizar su marco normativo en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. La propuesta contempla modificaciones tanto a la Ley de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda (Coime) como al Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, dos instrumentos jurídicos clave que regulan la planeación del territorio y la gestión del suelo en la entidad.
El objetivo central de las reformas es generar condiciones más favorables para la llegada de inversión privada al sector inmobiliario y de la construcción, al tiempo que se promueve el modelo de vivienda intraurbana como una alternativa estratégica frente al crecimiento disperso en la periferia. Con ello, la entidad busca redirigir el desarrollo habitacional hacia zonas ya consolidadas, donde la infraestructura y los servicios urbanos existen y pueden aprovecharse con mayor eficiencia.
Este tipo de ajustes normativos cobra especial relevancia en un estado como el de México, que concentra una de las mayores poblaciones del país y enfrenta presiones constantes de urbanización en sus municipios conurbados con la Ciudad de México. Actualizar el andamiaje legal permite alinear la regulación local con los principios de desarrollo urbano sostenible que marcan tendencia tanto en la política habitacional federal como en los estándares internacionales de planeación territorial. 
Para los desarrolladores, inversionistas y profesionales del sector inmobiliario que operan en la zona metropolitana del Valle de México y en el interior del Estado de México, estas modificaciones representan una señal de apertura institucional que podría traducirse en mayor certeza jurídica, procesos administrativos más ágiles y nuevas oportunidades de negocio en mercados intraurbanos con alta demanda habitacional.
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