El costo de la renta en México representa una carga insostenible para casi la mitad de los hogares arrendatarios del país: según ONU-Hábitat, el 44% de las familias que rentan destinan más del 30% de su ingreso mensual al pago de vivienda. El organismo internacional utiliza ese umbral —conocido como índice de estrés habitacional— para identificar situaciones en las que el gasto en vivienda compromete la capacidad de los hogares para cubrir otras necesidades básicas.
ONU-Hábitat enmarca este fenómeno dentro de una crisis más amplia de acceso a vivienda asequible que afecta tanto a ciudades mexicanas como a otras urbes de América Latina. El crecimiento acelerado de las rentas en zonas metropolitanas, combinado con la limitada oferta de vivienda formal a precios accesibles, ha profundizado la brecha entre lo que los mercados ofrecen y lo que los ingresos de la mayoría de los trabajadores pueden absorber.
Asequibilidad, el nudo del mercado de arrendamiento
El indicador del 30% no es arbitrario: su uso como referencia internacional permite comparar la presión habitacional entre distintos países y ciudades, y refleja el punto a partir del cual el arrendamiento deja de ser una opción financieramente viable para convertirse en un factor de empobrecimiento. Cuando los hogares superan ese umbral de manera sostenida, tienden a reducir el gasto en alimentación, salud y educación, lo que amplifica el impacto social del problema más allá del sector inmobiliario.
Para el mercado de arrendamiento en México, los datos del organismo onusiano refuerzan la urgencia de ampliar la oferta de vivienda en renta con esquemas asequibles, tanto a través de desarrolladores privados como de instrumentos de política pública. La discusión sobre regulación del arrendamiento, incentivos fiscales para la construcción de vivienda para renta y el papel de instituciones como Infonavit en el financiamiento de soluciones habitacionales cobra relevancia directa frente a una estadística que evidencia que el problema no es marginal, sino estructural.
