El Fondo Monetario Internacional emitió una serie de recomendaciones a México orientadas a fortalecer sus finanzas públicas, entre las que destaca la modernización de los catastros municipales como herramienta clave para ampliar la base tributaria del país. El organismo multilateral subrayó que cualquier ajuste fiscal deberá calibrarse en función del espacio disponible en las cuentas públicas, las condiciones actuales de financiamiento en los mercados y la fase del ciclo económico en que se encuentre la economía nacional.
La propuesta de actualizar los registros catastrales no es menor para el sector inmobiliario: gran parte de los municipios mexicanos opera con valuaciones prediales que no reflejan los valores de mercado vigentes, lo que se traduce en una recaudación del impuesto predial significativamente por debajo de su potencial. Una modernización de estos instrumentos implicaría, en la práctica, que los propietarios de inmuebles enfrenten bases gravables más cercanas a los precios reales de sus activos, con el consecuente impacto en los costos de tenencia de la propiedad.
Reforma fiscal y mercado inmobiliario
El FMI plantea una consolidación fiscal más profunda, lo que en términos concretos significa reducir el déficit público a través de una combinación de mayor recaudación y control del gasto. Para el sector de bienes raíces, esta perspectiva abre un debate sobre la carga tributaria que recae sobre transacciones inmobiliarias, el impuesto sobre adquisición de inmuebles y los gravámenes a la propiedad, todos ellos susceptibles de revisión dentro de un proceso de reforma más amplio.
La recomendación del organismo se inscribe en un contexto en que México mantiene una de las cargas fiscales más bajas entre las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con una recaudación que ronda el 17% del PIB. Fortalecer el impuesto predial mediante catastros actualizados representa, para el FMI, una vía técnicamente viable y políticamente menos costosa que otras alternativas, al tiempo que podría dotar de mayores recursos a los gobiernos locales para financiar infraestructura urbana con incidencia directa en el desarrollo inmobiliario. La nota original fue publicada por El Economista.
