El grupo empresarial G9 presentó una propuesta de ajuste a la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México, en la que plantea mantener el límite de incrementos a las rentas durante los contratos vigentes conforme al comportamiento de la inflación. La postura busca establecer un mecanismo de actualización predecible tanto para propietarios como para inquilinos, alineado con un indicador macroeconómico de referencia en lugar de criterios discrecionales.
La propuesta surge en el contexto del debate legislativo que rodea a la iniciativa de ley capitalina, cuya discusión ha convocado a distintos actores del sector inmobiliario y de la vivienda en renta. Al vincular los ajustes al índice inflacionario, el G9 argumenta que se protege el poder adquisitivo del arrendador sin imponer cargas desproporcionadas sobre el arrendatario, lo que en teoría dotaría al mercado de mayor certeza jurídica durante la vigencia de cada contrato.
Rentas y certeza jurídica en la capital
Desde la perspectiva del sector, amarrar los incrementos a la inflación es una fórmula conocida en otros mercados de arrendamiento y tiene la ventaja de apoyarse en datos oficiales verificables. Sin embargo, su aplicación práctica depende de que la ley defina con precisión qué indicador se tomará como referencia y en qué momento del contrato se calculará el ajuste, aspectos que aún forman parte del debate en torno al texto legislativo.
La discusión de esta iniciativa sigue siendo relevante para desarrolladores, fondos de inversión en vivienda y propietarios individuales que operan en el mercado de arrendamiento de la Ciudad de México, ya que el marco regulatorio resultante incidirá directamente en la rentabilidad y en las condiciones de incorporación de nuevos inmuebles al parque habitacional en renta de la capital.
